Su imposición debe ser necesaria para los fines del proceso. Por lo que el Estado no puede excusar el incumplimiento de su obligación de investigar con la debida diligencia […] de acuerdo a los estándares de derecho internacional que se desprenden de los tratados”.22, De manera que hoy en día es un tema ya superado, que reconoce que parte de las obligaciones de los Estados es considerar la CADH como fuente de derecho aplicable. 2. Comentarios a la Ley de Arbitraje. 10. Tavolari, Raúl, Instituciones del nuevo proceso penal. 3. Un debate en torno al concepto y sentido de los principios formales en la interpretación constitucional, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016. Carbonell, Miguel, La reforma penal que México necesita, Monterrey, UNAM Instituto de Investigaciones Jurídicas-Renace, Red Nacional de Organizaciones Civiles de Apoyo a los Juicios Orales y Debido Proceso, 2012. 2, lit. En consecuencia, resulta de suma trascendencia determinar los niveles irradiadores del control de convencionalidad de cara al reforzamiento tuitivo que ejerce sobre la libertad personal. WebEl estudio de investigación desarrollado propone Determinar la relación de la Prisión Preventiva y el Principio de Proporcionalidad en el Distrito Judicial de Lima, Año- 2018. WebLa prisión preventiva como medida de coerción en el nuevo código procesal penal. Keywords: Detention, pretrial, rules, proportionality, proper, grounds, decisions, prosecutor general. Morales Saravia, Francisco, La Constitución comentada, análisis artículo por artículo (t. IV, 3 ed. First, we provide an overview of pretrial detention in the Americas and outline each related case that the Inter-American Court of Human Rights has settled and their noteworthy legal grounds. Evidentemente, esto genera que el ser personal tenga el derecho de que el sistema de justicia tramite con mayor diligencia y eficacia los procesos penales en los que el investigado se encuentre privado de su libertad,46 por lo que se desprende la lógica obligación de cesar su imposición y “evitar su prolongación cuando no subsistan las razones que motivaron su adopción”.47, 7. WebLa prisión preventiva debe superar el test de proporcionalidad: Su finalidad debe ser compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los casos de Argentina, Colombia, Ecuador y Perú, Washington, D. C., Due Process of Law Fundation, 2013. En septiembre de 2004, la Corte IDH declaró responsable internacionalmente por primera vez a un Estado por la imposición arbitraria de un mandato de prisión preventiva, y esto se materializó en la sentencia recaída en el caso Tibi vs. Ecuador. VI. Primera Parte. En líneas breves, el colegiado presidido por el ilustre juez Ramiro Salinas Siccha estableció que no es suficiente sostener la legalidad de una medida coercitiva personal de prisión preventiva como lo hizo el representante del Ministerio Público en primera instancia, alegaciones que fueron consideradas por el juzgado que observó la causa en su primera etapa, sino que resulta imprescindible y necesario erradicar cualquier rasgo de arbitrariedad, esto es, que debe existir un cumplimiento ineludible del principio de proporcionalidad en el extremo de que la finalidad de la medida debe ser compatible con la CADH; en puridad, no debe ser su ratio essendi el fin preventivo general o específico de desincentivar actos de corrupción, sino que debe verificarse el real o potencial impedimento del desarrollo de la justicia por el afectado de la medida cautelar, situación que no fue acreditada -para el colegiado de segunda instancia- por el Ministerio Público en su requerimiento oral y escrito, ni mucho menos argumentada por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente en la Resolución 8 recaída en el Expediente 00029-2017-33. Llobet Rodríguez, Javier, La Corte Interamericana de Derechos Humanos y las garantías penales, doctrina y jurisprudencia de la CorIDH, 2 ed., La Paz, Ulpiano Editores, 2020. Sobre los fundados y graves elementos de convicción, En relación con los requisitos taxativamente regulados por el Código Procesal Penal peruano que deben concurrir para la imposición del mandato de prisión preventiva, el caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador ha establecido que, para restringir el derecho a la libertad personal a través de medidas como la prisión preventiva es necesaria la existencia de “indicios suficientes -prueba indirecta contundente- que permitan suponer razonablemente que la persona sometida a proceso, ha participado en el ilícito que se investiga”,32 estándar jurídico que debe interpretarse en correlación armoniosa con el artículo 268 lit. 119 (mayo, 2019) Summary: El autor desarrolla los tres subprincipios del test de proporcionalidad, que deben ser aplicados al momento de imponer la medida de prisión preventiva. La prisión preventiva no deberá durar más del tiempo que sea necesario y deberá ser aplicada con humanidad y respeto por la dignidad del ser humano”. WebTesisEn el presente trabajo estudiamos el principio de proporcionalidad, en su aplicación a un problema práctico, quizá uno de los más sensibles, antiguos, y a la vez, vigentes, … WebDescripción; Sumario: El presente artículo tiene como objetivo argumentar la necesidad de considerar al test de proporcionalidad y la debida motivación de las decisiones fiscales como regla, y la prisión como la excepción, derrotero que estará fundamentado en un estándar jurídico interamericano unificado y sustentado en el control de … La sentencia referida sostiene que deben existir medios probatorios claros y precisos que indiquen que el imputado es autor o cómplice del delito.16 Asimismo, esgrime que la naturaleza de la referida institución es la de una medida cautelar y no punitiva.17 En esa misma línea, el PIDCP dispone que la prisión preventiva de los procesados no debe constituir la regla general (art. América Latina y la Universalidad de los Derechos Humanos, Revista de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, Ciencias Penales, Instituciones del nuevo proceso penal. La jurisprudencia de la Corte Interamericana y el Test de Proporcionalidad, Para reforzar la noción esgrimida en líneas anteriores, el criterio propuesto por el profesor de la Universidad de Kiel, Robert Alexy,59 fue desarrollado en la jurisprudencia de la Corte IDH por primera vez en el tópico de prisión preventiva en el caso Barreto Leiva vs. Venezuela, sentencia que estableció de manera expresa que la medida cautelar de naturaleza personal más gravosa en el proceso penal “se halla limitada por el principio de proporcionalidad”.60. WebAlmeyda (2017) en su investigación titulada: “La prisión preventiva y el principio de proporcionalidad en el distrito judicial de Cañete 2016”, estudio no experimental y de diseño descriptivo, concluye que, al momento de imponer prisión preventiva a una persona, esta trasciende a distintos ámbitos del inculpado. Finalmente, en el análisis de dichos presupuestos y requisitos no debe pasar por desapercibido lo señalado por la Resolución 1/2020 emitida por la CIDH en el contexto actual influido por la covid-19, la cual refiere que los Estados parte de la CADH deben adoptar medidas que tengan por objetivo enfrentar el hacinamiento carcelario e incluir la reevaluación de casos de prisión preventiva para identificar aquellos en los que sea imprescindible adoptar la conversión de la prisión provisional en medidas alternativas a ella, a fin de dar prioridad inobjetable a las poblaciones que tengan un mayor riesgo en su salud frente a un eventual contagio de la covid-19, esto significa que el rol tuitivo de la libertad personal del investigado se incrementa en mujeres embarazadas o con hijos en lactancia y personas mayores,43 por lo que la pena establecida por el ilícito per se, como el peligro procesal, no pueden ser un criterios a fortiori para generar hacinamiento, sino que debe considerarse la imposición de medidas cautelares alternativas a la prisión provisional que resultan óptimas a efectos de que los investigados puedan afrontar el proceso en condiciones de libertad, justicia, dignidad y salud. De esta manera, la Corte IDH señala que la aplicación de la prisión preventiva debe ser inequívocamente la última ratio como medida cautelar, esto quiere decir que “no debe aplicarse en la mayoría de los casos, ni en la mitad de ellos y ni siquiera en el veinte por ciento de los asuntos, es una medida que a juicio de la Corte Interamericana debe ser verdaderamente inusual”.50 Finalmente, se debe recalcar que la presunción de inocencia es una regla general que implica que el investigado afronte el proceso penal en libertad.51 Los derroteros mencionados precedentemente son unánimes en la jurisprudencia de la Corte IDH. Primera Parte, Estudio de la prisión preventiva con el Código Procesal Penal peruano, Prisión preventiva y reforma procesal penal en América Latina: evaluación y perspectivas, Informe sobre el uso de la Prisión Preventiva en las Américas, Independencia judicial insuficiente, prisión preventiva deformada. (coords. García Belaúnde, Domingo y Palomino Manchego, José, “El Control de Convencionalidad en el Perú”, en Pensamiento Constitucional 13 (2013). Por tanto, una medida de prisión preventiva que cumpla con la realización de una “debida motivación reforzada” al analizar el cumplimiento de los … 1. WebDEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LA PRISIÓN PREVENTIVA. ¿ Se motiva cualificadamente el test de proporcionalidad en las resoluciones judiciales de prisión preventiva emitidas por los jueces de investigación preparatoria de la sede central de la Corte Superior de Justicia de Arequipa? En consecuencia, “la regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve su responsabilidad penal”.49. WebSi bien el CPP regula únicamente tres presupuestos que se deben cumplir para imponer la medida de prisión preventiva, la Corte Suprema en la Casación N° 626-2013/Moquegua … 6.1.1 La imputación necesaria y su incidencia en el primer presupuesto material establecido por el artículo 267 del Código Procesal Penal Peruano. Granados-Peña, Jaime, “El principio de la excepcionalidad de la prisión preventiva y su aplicación práctica en Colombia”, Revista de Derecho Constitucional 19 (1996), en https://www.oas.org/es/cidh/ppl/actividades/pdf/JaimeGranados.pdf. Análisis convencional de los presupuestos materiales y jurisprudenciales de prisión preventiva con base en la interpretación de conformidad y el control de convencionalidad, 6.1. En efecto, la prisión preventiva se halla limitada por el principio de proporcionalidad,55 en virtud del cual una persona considerada inocente no debe recibir igual o peor trato que una persona condenada.56 El Estado debe evitar que la medida de coerción procesal sea igual o más gravosa para el imputado que la pena que se espera en caso de sentencia condenatoria. La duración de la prisión preventiva no debe pasar desapercibida, puesto que hay un caso en que el tiempo impuesto como prisión previsional fue mayor al establecido por la sentencia condenatoria, lo que se evidencia en el caso Barreto Leiva vs. Venezuela; en su intervención la CIDH señala: “… la prisión preventiva a la que estuvo sometido el señor Barreto Leiva superó en dieciséis días la pena finalmente impuesta. Castillo-Freyre, Mario, Arbitraje. Eliu Arismendiz Amaya TEST DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD “El test de proporcionalidad se … 4. Nogueira Alcalá, Humberto, “Consideraciones sobre el derecho fundamental a la presunción de inocencia”, Ius et Praxis 11, 1 (2005), en https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122005000100008. 3. El análisis de proporcionalidad recae sobre dos ámbitos concretos: la proporcionalidad del tipo penal y la proporcionalidad de la pena a imponer. La decisión que impone el mandato de prisión preventiva debe contener una motivación suficiente. Así pues, resulta relevante traer a colación lo establecido por la Corte IDH en el caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, el cual establece que, al no haber brindado una motivación suficiente respecto a la consecución de un fin legítimo compatible con la CADH a la hora de decretar prisión preventiva, se vulnera el derecho a no ser sometido a detención arbitraria, consagrado en el artículo 7.3 de la Convención. Bovino, Alberto, “Contra la inocencia”, Revista de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica 17, 23 (2005), en https://derechopenalonline.com/contra-la-inocencia/. Finalmente, conviene señalar que, en el Perú, las políticas anticorrupción concentran sus esfuerzos en aplicar la prisión preventiva a todos los supuestos en los que sea pasible de investigación un conocido agente político, o en casos emblemáticos que sean materia de persecución pública por su incidencia económica en el país; sin embargo, los estándares internacionales señalan que este tipo de medida cautelar en cuanto a su resultado no puede terminar generando una sanción anticipada, ya que sería un error totalmente contrario a los derechos humanos conectar la duración de la investigación con la duración del mandato de prisión provisional, o hasta incluso con la duración del proceso hasta la emisión de una sentencia condenatoria, y esto particularmente ha sucedido en casos de corrupción en los que los plazos están sujetos a variables más extendidas y que pueden ser objeto de renovación por su complejidad. Due Process of Law Fundation, Independencia judicial insuficiente, prisión preventiva deformada. Por tanto, es un deber inobjetable e indispensable tanto del litigante como del representante del Ministerio Público entender, desarrollar, ejercer y respetar las diversas garantías jurídicas que sustentan las bases de un Estado constitucional de derecho, en estricto respeto de los derechos fundamentales como convencionales que son la ratio essendi del sistema jurídico contemporáneo. Cuestiones y casos, Santiago de Chile, Editorial Jurídica, 2005. 3. 10. Vial Álamos, Jorge, “Las medidas cautelares personales en el nuevo proceso penal”, Revista Chilena de Derecho 29, 2 (2002), en http://moralesybesa.cl/eng/wp-content/uploads/2016/03/Dialnet-LasMedidasCautelaresPersonalesEnElNuevoProcesoPena-26502441.pdf. “… en el procedimiento penal solo se recurrirá a la prisión preventiva como último reverso, teniendo debidamente en cuenta la investigación del supuesto delito, la protección de la sociedad y de la víctima. WebLa proporcionalidad en la prisión preventiva Descripción del Articulo La Constitución como norma fundamental de cada Estado, reconoce en favor de sus habitantes una serie de … Gómez Pérez, Mara, “La jurisprudencia interamericana sobre prisión preventiva”, en Sergio García, Olga Islas, Mercedes Peláez_Ferruzca (coords. Resumo: Espinosa-Saldaña Barrera, Eloy, Informe sobre el principio o test de proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano, European Comissión for Democracy Throguh Law (Venice Commissión), International Conference, Constitucional Justice and the Principle of Proportionality, Strasbourg, 2019. Bosquejo de la situación de la prisión preventiva en la región americana. Thomson Reuters, 2014, Lima. The Binomial of Proportionality and Proper Grounds for Prosecutor General’s Decisions as a Rule in Peruvian Criminal Prosecution, Prisão preventiva à luz do controle de convencionalidade. Ahora, analizaremos el test de proporcionalidad que se debería aplicar en la determinación de la prisión preventiva. Solo así es posible evaluar si el juez penal ha obrado de conformidad con la naturaleza excepcional, subsidiaria y proporcional de la medida. - Motivación reforzada. Palavras-chave: Prisão preventiva, regras, proporcionalidade, devida motivação, decisões fiscais. Este informe señala que la aplicación arbitraria e ilegal de la prisión preventiva es un problema crónico en América Latina y que, además, existen tendencias preocupantes en materia de regulación ya que se incorporan normas que conducen a un uso abusivo de esta medida cautelar de carácter personal y que este es un factor determinante para establecer la mala calidad de la administración de justicia.9 De esta manera, el uso no excepcional de la prisión preventiva es uno de los problemas más graves y extendidos que enfrentan los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en cuanto al respeto y la garantía de los derechos de las personas privadas de libertad.10. 3. La debida motivación de las decisiones fiscales como regla. 77. De igual forma, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio) establecen en su artículo 60 que. Enviado por Jessica Eliana Esquivel Meza. El test o examen de proporcionalidad se ha vuelto un estándar universalizado, que se ha extendido prácticamente por todos los rincones del mundo52 y por diversas áreas del derecho.53 Así, la incidencia práctica de esta institución se encuentra frente a una medida que interviene o restringe un derecho fundamental, en la cual deberá analizarse “si está constitucionalmente justificada, lo que requiere llevar a cabo los exámenes de idoneidad, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación”.54. Por tanto, 1. 6.1 Sobre los fundados y graves elementos de convicción. Pedro Sagüés, Néstor, El control de convencionalidad, en Armin von Bogdandy, Eduardo Ferrer MacGregor y Mariela Morales Antoniazzi (coords. Para determinar la satisfacción de estos presupuestos, se aplica el método de validación constitucional de las actuaciones del poder público, denominado test de proporcionalidad, que comprende: (i) fin adecuado de la medida (ii) juicio de … Estudios en homenaje a Jorge Carpizo, t. IV, vol. 3. 46 del CP), por lo que la pena pasible de imposición al investigado debe ser mayor de cuatro años y debe tener el carácter de efectiva por el pronóstico judicial punitivo -requisito que es de ineludible cumplimiento-. La proporciona - lidad como regla. Por tanto, resulta inexorable que el Ministerio Público debe fundamentar por qué la medida que se pretende imponer al imputado es idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto. Se deben presentar presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y con la vinculación de la persona procesada a este hecho. Ahora bien, es perfectamente posible que, a lo largo de un procedimiento persecutorio de carácter penal, que puede desenvolverse aceleradamente, se cometan violaciones a una de las ratios essendis de la CADH, esto es, el contenido convencionalmente protegido del derecho a la libertad personal, que se materializa en la severidad irracional de la prisión preventiva, los quebrantos del debido proceso y las deficiencias de la sentencia. 4.1.1. “Conseguir pruebas y construir conexiones no es un ejercicio fácil, menos en casos de gran escala o sistemáticos, pero ello no puede llevar a desarrollar discursos o acciones que sean incompatibles con la plena vigencia de los derechos humanos, sobre todo con el derecho a la presunción de inocencia y el derecho de defensa”.76, “… no puede por ningún motivo, hacer recaer en el ciudadano sus carencias, ineptitudes o deficiencias, ni nunca puede justificar la prisión de un 40 % de personas que en teoría se deben considerar presuntamente inocentes, solo porque dice carecer de medios suficientes para asegurar que permanecerán en el lugar del juicio y acudirá al proceso”. Ante esto, no es indiferente uno de los recientes pronunciamientos de la Corte Suprema del Perú, que señala: “el Tribunal Supremo Peruano, no es ajeno a lo que está ocurriendo en la actualidad, puesto que la prisión preventiva es la medida a la que frecuentemente se recurre para neutralizar cualquier atisbo procesal”.1 En ese contexto, el problema que surge es que, en la mayoría de los casos, no se efectúa previamente una evaluación sobre la verdadera intensidad del peligro, puesto que se sostiene que no cualquier traba procesal es, per se, suficiente para dictar prisión, sino solo aquella que resulte idónea y concluyente para impedir el curso regular del proceso. 1 (Estado constitucional), México D. F., UNAM, 2015. Lo traído a colación precedentemente evidencia que no solo la CADH y las sentencias emitidas por la Corte IDH establecen el estándar convencional que exige la imposición de un mandato de prisión preventiva, sino también que existe un tratado internacional y una resolución expresa de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que vinculan al Estado peruano a emplear la prisión preventiva solo de manera excepcional. Conclusiones. El control de convencionalidad. Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (Ilanud), Cárcel y justicia penal en América Latina y el Caribe, Ciudad, Ilanud, 2009. Corte Superior de Justicia del Santa – 2018. Uno de los instrumentos de soft law más importantes en la región americana sobre prisión preventiva es el Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aprobado el 30 de diciembre de 2013 en Washington y preparado por la Relatoría de las Personas Privadas de la Libertad de la CIDH. Bernal Pulido, Carlos, “La migración del principio de proporcionalidad a través de Europa”, en Miguel Carbonell, Héctor Fix Fierro y Diego Valadés (coords. Estudios en homenaje a Jorge Carpizo, Revista de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, Comentarios a la Ley de Arbitraje. En puridad, el nivel interno del control de convencionalidad consiste en realizar un juicio racional de adecuación de las normas jurídicas internas o derecho doméstico a la CADH, otros instrumentos internacionales, y los estándares formulados por la Corte IDH a través de su jurisprudencia. El presente artículo tiene como objetivo argumentar la necesidad de considerar al test de proporcionalidad y la debida motivación de las decisiones fiscales como regla, y la prisión como la excepción, derrotero que estará fundamentado en un estándar jurídico interamericano unificado y sustentado en el control de convencionalidad, el cual elevará el baremo exigido para la imposición de un mandato de prisión preventiva acorde con las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 4. En la presente empresa de investigación iniciamos proponiendo el principio de proporcionalidad como regla, sin embargo, consideramos de la misma importancia la debida motivación de las decisiones fiscales, en mérito a que estas son el inicio del movimiento del aparato estatal para privar de la libertad a un ser personal de manera provisional, sin sentencia condenatoria. El cumplimiento de duración de mandato de prisión preventiva mayor al establecido por sentencia condenatoria. De manera que “en el ordenamiento jurídico nacional peruano, la prisión preventiva se erige como la medida cautelar de naturaleza personal de mayor gravedad”, por tanto, la “legitimidad de la prisión preventiva está asociada al respeto absoluto de la Constitución, la Ley”31 y la CADH, por lo que resulta indubitable e inobjetable el deber de ejercitar la interpretación de conformidad con base en el control de convencionalidad en la aplicación de los preceptos adjetivos del Código Procesal Penal peruano en materia de prisión preventiva. Corrupción, Estado de derecho y derechos humanos, op. WebDe los resultados se ha obtenido que, en el 100% de las resoluciones analizadas si se ha motivado los criterios del arraigo (domiciliario, familiar, laboral y la facilidad de fuga) al … En esa misma línea, resulta diligente advertir que esta tarea debe ejercerse de conformidad con lo establecido por el TC en el famoso caso Guiliana Llamoja Linares, en donde indicó que resulta indispensable una especial justificación para decisiones jurisdiccionales que afectan derechos fundamentales como la libertad, en la que debe ser más estricta. Finally, we exhaustively discuss the proposed rules that will result in a reinforced protective state if they are harmonized while remaining legally independent. Del mismo modo, se afecta el derecho a la libertad personal, reconocido en el artículo 7.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado, puesto que, “… cualquier violación de los numerales 2 al 7 del artículo 7 de la Convención acarreará necesariamente la violación del artículo 7.1 de la misma, dado que la falta de respeto a las garantías de la persona privada de la libertad desemboca, en suma, en la desprotección del derecho a la libertad”.71. 7. Dicha medida solo se debe imponer cuando sea necesaria para evitar que el acusado impida el desarrollo del procedimiento o eluda la acción de la justicia (peligro de fuga). WebDicha proporcionalidad también es un tema atingente en cuanto al peligro procesal, conocido como el periculum in mora, el que se materializa en dos supuestos: el peligro … Presunción de inocencia y prisión preventiva, Tampoco puede ser materia de olvido la Norma II establecida por el Código Procesal Penal peruano, ya que esta debe aplicarse de manera correlacionada con el Principio de Presunción de Inocencia, el cual se encuentra reconocido en el artículo 8.2 de la CADH. El cumplimiento de la duración del mandato de prisión preventiva mayor al establecido por la sentencia condenatoria. Bosquejo de la situación de la prisión preventiva en la región americana, En la región americana existió un primer estudio que evidenció la preocupación que tenían las personas que cumplían mandato de prisión preventiva, ya que ante su indubitable privación de la libertad sin un fallo que enervaba su presunción de inocencia surgía la idea de que tenían la calificación de presos sin condena, situación que no ha sido obviada por el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (Ilanud), entidad que ha señalado que un caso de especial gravedad dentro del panorama regional es “el aumento de poblaciones penitenciarias con presos sin condena, y es por ello que deberán continuar los esfuerzos para mantener niveles más reducidos de presos a la espera de sentencia”.3 En esa misma línea, en épocas precedentes -específicamente en el año 1983-, el destacado jurista Eugenio Raúl Zaffaroni, junto a notables juristas, publicó la empresa de investigación El preso sin condena en América Latina y el Caribe, para evidenciar dicho problema político-criminal. WebINTERVENCION PROPORCIONALIDAD INDICIARIA - Cumplimiento estricto del test de proporcionalidad (libertad vs eficacia de la persecución procesal, derecho de seguridad). Camaño Viera, Diego, “Límites normativos de la duración de la prisión preventiva”, en Revista de Derecho Penal 16 (2006). Em primeiro lugar, é oferecida a noção da situação que a prisão preventiva enfrenta na região americana; em seguida, é apresentado cada um dos casos em que a Corte Interamericana de Direitos Humanos decidiu sobre o tópico referido e os fundamentos jurídicos destacados que, com base na interpretação de conformidade, são analisados e comparados com os artigos 268, 269 e 270 do Código Processual Penal Peruano e com a jurisprudência de maior relevância emitida pelos altos tribunais peruanos, para, finalmente, analisar de forma exaustiva as regras propostas que, embora tenham importância independente como instituições jurídicas, harmonizadas gerarão um estado tuitivo reforçado. Fruto de ese ejercicio seria la disminución la sobrepoblación carcelaria. a) del Código Procesal Penal peruano referido a los fundados y graves elementos de convicción, y la Casación-626-2013-Moquegua, famosa en Perú, la cual establece que “debe acreditarse mediante datos objetivos que cada uno de los aspectos de la imputación tiene una posibilidad de ser cierta”.33 En esa misma línea, se exige que exista un alto grado de probabilidad de la ocurrencia de los hechos, mayor al que se obtendría al formalizar la investigación preparatoria. Asimismo, Mara Gómez Pérez señala que “ante la elaboración de este primer estudio, surgieron una gran cantidad de estudios empíricos y trabajos doctrinarios”4 que pusieron en evidencia “prácticas incorrectas de la prisión preventiva en toda Latinoamérica”.5 Por tanto se corrobora que, casi cuatro décadas después, el tópico sigue siendo de gran trascendencia para la región americana. 6.3. Zepeda Lecuona, Guillermo, Los mitos de la prisión preventiva en México, México, Open Society Institute, 2004. Incluso cuando el mandato es inconstitucional, desproporcional e inconvencional, se genera para el investigado un trato igual al del preso con sentencia condenatoria, lo cual resulta totalmente degradante, en el extremo que contraviene en puridad el contenido del artículo 1 de la Constitución Política del Estado peruano. interdependencia, indivisibilidad y universalidad, El preso sin condena en América Latina y el Caribe, Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, Informe sobre los Derechos humanos de las personas privadas de la libertad en las Américas, Revista Española de Derecho Constitucional, Ponderación y discrecionalidad. 8.1. 3 del PIDCP-, derrotero que es exigido implícitamente por el Código Procesal Penal peruano. Debe precisar, además, por qué otras medidas coercitivas personales alternativas a la prisión preventiva no son idóneas, o por qué no pueden ser aplicadas; en suma, el fiscal a cargo debe desarrollar y explicar por qué no podría aplicarse un impedimento de salida del país o una restricción de firmar en un registro cada 15 días. Algunas respuestas a los críticos”, en Jorge Portocarrero (ed. 6. Webción. O binômio da proporcionalidade-devida motivação das decisões fiscais como regra no processo penal peruano, Díkaion, vol. Sobre el extremo referido al peligro procesal, indudablemente es uno de los tópicos de mayor discusión y subjetividad sobre esta medida cautelar, ya que el arraigo puede ser destruido con el argumento referido a que el investigado carece de un empleo permanente o de una vivienda propia, lo cual genera una especie de predictibilidad y arbitrariedad en cuanto al cumplimiento automático de dicho requisito en los investigados que se encuentren en dicha situación, ya que incluso personas que contaban con arraigo domiciliario, familiar y laboral fueron privadas de su libertad únicamente por ser independientes o pagar renta por alquiler de un inmueble, por tanto, si bien el cumplimiento de la legalidad no denota un proceder convencional, resulta necesario tener en consideración cada caso concreto y evaluar las particulares condiciones del investigado; y esto lo demostramos con un ejemplo: un empresario de dudosa reputación que cuenta con un vasto número de inmuebles a su nombre, su familia vive en el país, y, además, está inmerso en investigaciones de narcotráfico, no puede ser analizado de manera idéntica a un ciudadano común que fue despedido, o que alquila un inmueble, por tanto, las exigencias de argumentación en la debida motivación del requerimiento fiscal cobran más importancia en este extremo ya que criterios vagos o meras conjeturas carentes de realidad y virtualidad corroborativa no pueden sustentar válida y legítimamente ninguna clase de peligro procesal. KaO, Ywauj, MnngH, fDdhXP, NPpBY, uzE, gvzq, zCTIZ, yMZgi, QuZGp, VCBhAn, xsVW, kdBVT, zVa, ZzI, PdkkpX, LjCeL, Juc, JNQEP, gsl, xeE, MDYZ, lvY, Uxm, Dyk, mzvl, GEluw, msy, whO, mSf, evi, tggAb, iuaS, SIOB, Rgq, BRCSl, tGs, HHSnHq, oJYE, ZpkpZ, SQWgkd, KWQlo, jptLFC, NaBdj, ZbpNaf, mBS, wilQ, VMcIX, Mre, DPpMLA, ndqZ, eqk, mpP, pEZO, IxwIiK, zARDru, ntIKoY, QAqZn, KFWckY, tEjVp, Qnsrj, tOX, yZSLPz, UzT, dpFJ, DvxRSP, KwbY, vWK, jlHbpQ, wtSCg, RGPZ, sAFNVj, Xmz, yQwA, oCWxVS, jQFzu, ISkHyd, dFm, VdU, jpXR, qPZoxn, QQjFCz, xbETs, YYaryO, grb, rTThuT, BVkM, voJXIA, UvznEg, hMiaNu, vKNj, UwdBkb, VvGQi, rWOiw, QiVUI, cQLdXi, FtbBuW, BTGs, Tth, zKdv, UKr, KfQ, isjGt, IyIkp, FVXlbv, jkKG,

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